Antecedentes Previos
Los cambios que se produjeron en la
sociedad argentina durante el gobierno de Isabel Perón fueron determinantes en
el agotamiento del régimen democrático inaugurado en 1973, y su derrota por el
golpe militar. A comienzos de 1975 se produjo un agravamiento de la situación
económica, causada por la suspensión en el Mercado Común Europeo de las compras
de carnes argentinas, que llevó a la devaluación del peso, la caída de los
salarios reales y el aumento de reclamos sindicales. Esto ocasionó la renuncia
del ministro de economía, Alfredo Gómez Morales, y la designación en su
reemplazo de Celestino Rodrigo, a quien se le encargó instrumentar un plan
económico. Las medidas, anunciadas el 4 de junio, incluyeron una devaluación
superior al 100%, el aumento de los precios del combustible del 175%, de las
tarifas eléctricas el 75%, y aumentos de otros servicios públicos. Entonces se
volvió necesario someter a los dirigentes sindicales más contestatarios y
designar una cúpula sindical dócil. Las medidas económicas impulsadas fueron un
duro golpe a los salarios reales de los trabajadores e hizo caer en el
desprestigio a sindicalistas, otrora combativos, que tuvieron una actitud
dubitativa. La consecuencia de esto fue el nombramiento de hombres afines del
gobierno. Fueron desplazados dirigentes como Agustín Tosco, del gremio
metalúrgico, René Salamanca, de los mecánicos y Raimundo Ongaro, líder del
gremio gráfico. Las medidas tomadas por el nuevo ministro, conocidas como 'el
rodrigazo', generaron muchas protestas obreras ya que el ministro se negaba a
dar aumentos salariales superiores al 38%. Para imponer las medidas y frenar
las protestas, un sector del gobierno se dedicó a perseguir a intelectuales,
artistas y activistas sindicales considerados de izquierda. Esta persecusión
ilegal fue llevada a cabo por elementos clandestinos organizados en la Alianza
Anticomunista Argentina (AAA) dirigidos desde el Ministerio de Bienestar Social
a cargo de la principal figura del peronismo, el "brujo" José López
Rega . La CGT suspendió las negociaciones paritarias el 5 de junio. Mientras su
colaboración con el gobierno la desprestigiaba vio desplazar a sus hombres del
poder, alejados de puestos en el gobierno. Por ello, la CGT se vio obligada a
llevar adelante un plan de lucha con huelgas generales, movilizaciones y apoyo
a reclamos salariales que desestabilizó al gobierno y precipitó la caída del
ministro López Rega, quien fue destituido el 11 de julio para luego abandonar
precipitadamente el país. Rodrigo fue reemplazado en economía por Antonio
Cafiero, el 14 de agosto de 1975, quien tampoco consiguió un plan económico que
permitiera mejorar la situación de las empresas del país, ya que los
trabajadores no estaban dispuestos a hacer un sacrifico. En 1975, el costo de vida
aumentó 334,8 %, anunciado el 5 de enero del siguiente año. Las cúpulas
empresariales presionaron y exigieron cambios al gobierno. Los grupos de
ultraizquierda profundizaron sus acciones armadas, que aumentaron la confusión
política dando al gobierno la posibilidad de intensificar la represión
indiscriminada. María Estela Martínez de Perón pidió licencia por razones de
salud desde el 13 de septiembre de 1975 hasta el 6 de noviembre de 1975.
Durante el período, Ítalo A. Luder asumió el cargo de presidente provisional
del Senado. El nuevo mandatario reemplazó al ministro del Interior, Vicente
Damasco por Ángel F. Robledo, y procuró ganar el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Para ello envió al Congreso el proyecto de creación del Consejo de Defensa
Nacional y de Seguridad Interior que entregaba a los militares la
responsabilidad total de la lucha contra la subversión armada. Durante los
meses siguientes se incrementaron la inflación, el desempleo y las huelgas.
Entre los trabajadores se intensificaba la organización de sus luchas y algunas
comisiones internas comenzaron a proponer la toma u ocupación de los lugares de
trabajo. La represión ilegal, que se había ensañado contra los dirigentes
sindicales, se tornó ineficaz. Este curso de los acontecimientos asustó a
muchos empresarios que, viendo al gobierno debilitado, atado por los mecanismos
parlamentarios y las necesidades electorales, se inclinaron a favor de un golpe
militar. Los hombres con más sensibilidad política, también percibieron que los
acontecimientos empezaban a favorecer el crecimiento de organizaciones
políticas izquierdistas, con estrategias de poder sustentadas en esas luchas y
en la aparición de coordinadoras de las comisiones internas más activas,
mientras se debilitaba la influencia de los partidos tradicionales. El 7 de
febrero, la UCR advirtió sobre la inminencia de un golpe de Estado ante
"la falencia del PE". Los más amplios sectores populares pasaron de
una actitud de oposición a los militares, que caracterizó la mentalidad de los
años sesenta, a un desprecio al gobierno constitucional y a una disminución de
su participación política, asustados y confundidos por el accionar de la
guerrilla. La política vacilante de la CGT, entre el gobierno peronista y el
apoyo a las luchas de los trabajadores, había ido debilitando la idea, en la
clase media, de que esas luchas pudieran dar solución y traer orden. Los
cambios de rumbo del gobierno de Isabel, las acusaciones de corrupción que se
le hicieron, las devaluaciones de la moneda y el crecimiento de los precios,
fueron ganando entre las clases medias la necesidad de que hubiera un gobierno
fuerte que pusiera las cosas en orden. El golpe se empezó a preparar el 12 de
diciembre de 1975, cuando el brigadier Orlando Capellini hizo el primer
pronunciamiento fallido. El intento fracasó porque todavía no se habían
terminado de consolidar las jefaturas de las Fuerzas Armadas detrás del mismo
objetivo. Pero su acción mostró que, entre los altos oficiales, las condiciones
estaban maduras. Las incógnitas que despertaba entre las cúpulas militares
acerca de cuál sería la reacción social fueron despejadas cuando los estratos
medios de la sociedad reflejaron que no se opondrían a un golpe. Así fue
interpretada, al menos, la indiferencia o simpatía que despertó el alzamiento
de Capellini. Mientras tanto, el periodismo siguió insistiendo en que era
necesario poner orden, fin a la corrupción y facilitar el advenimiento de un
gobierno menos incapaz que el de "Isabelita". El radicalismo, que por
boca de su principal dirigente expresó que, si existía un golpe era por culpa
del gobierno, no estuvo dispuesto a preparar a la población para que se
defendiera. Al contrario, fortaleció el objetivo de los militares. El jefe del
partido radical, Ricardo Balbín , fue claro cuando respondió "no tengo
soluciones" al reclamársele una alternativa frente al golpe. Durante los
primeros dos meses de 1976, estas características se acentuaron y prepararon el
escenario del golpe militar. En el Congreso se multiplicaron los pedidos de
renuncia de la Presidenta como forma de solución de la crisis, durante el 9 de
febrero. El 18 de febrero María Estela Martínez de Perón informó que no
renunciaría y el 20 de febrero se convocó a elecciones presidenciales para el
12 de diciembre. Alea jacta est. El golpe fue preparado con anticipación por
las fuerzas armadas. Dos días antes del 24 de marzo, por ejemplo, ya se
realizaban movimientos militares con la excusa de combatir la subversión
ocupando lugares estratégicos.
(Félix Luna, "Historia Argentina" -
'Gobiernos civiles y golpes militares.1955-1982').
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